Un cambio de tendencia que pone el riesgo a las empresas en Latinoamérica y el Caribe
El fraude corporativo afecta a todas las organizaciones. En América Latina y el Caribe, a partir de un estudio realizado por BDO, identificamos que el 81% de los encuestados ignora el impacto del fraude corporativo en las organizaciones en las que trabajan. Las pérdidas generadas por los casos de fraude, además de impactar directamente sobre las empresas involucradas; también se trasladan a inversores, proveedores, al sistema financiero, y a las comunidades en general.
Solo el 36% de los encuestados cree que sus organizaciones están adecuadamente preparadas para prevenir, detectar y responder al fraude. Así mismo, las compañías que detectaron casos de fraude durante el último año, en promedio, sufrieron 46 casos durante el último año. Los casos de Fraudes de Ciberseguridad, pasaron a liderar las tipologías típicas de Fraude Corporativo, representando un 58% de los casos, y los esquemas de “Corrupción” y de “Fraude en Compras”, liderados generalmente por la Gerencia Media, duplicaron a los casos de Malversación de activos.
Durante la pandemia se identificó una explosión de casos catalogados dentro de tipologías de Fraude de Ciberseguridad, siendo un cambio de tendencia que debemos seguir con mucha atención.
Adicionalmente, el 25% de los casos de fraude involucraron pérdidas mayores a 500 mil dólares, y el 3% implicaron pérdidas mayores a los 100 millones de dólares. El fraude corporativo generó 163 mil dólares de pérdidas en promedio por cada incidente detectado durante el último año para cada empresa. El 74% de los esquemas identificados tuvieron una duración máxima de hasta 2 años, y el 77% de los mismos fueron cometido por más de una persona.
En cuanto a la distribución geográfica: Argentina, México y Brasil concentraron el 74% de los casos de fraudes detectados en la región.
Solo 28% de los esquemas de fraude se detectaron como consecuencia de reportes internos, ya que los sistemas de canales de denuncia aún no se encuentran difundidos masivamente en la región. Por otro lado, los controles basados en tecnología, únicamente detectaron el 9% de los casos, mostrando un fuerte contraste con la tendencia global para esta categoría, que implica un 44%. Las empresas en nuestra región manifiestan tener entornos de control interno inmaduros de forma extendida.
Al momento de hablar de los fraudes más significativos, observamos una creciente tendencia por la judicialización de los mismos, ya que un 37% de los casos fueron llevados a juicio; y los “cambios en los procesos de negocios” y los “despidos de personal” fueron las medidas más extendidas entre las organizaciones, en un 93% y un 51%, respectivamente.
Identificamos que los programas anti-fraude y anti-corrupción deben actualizarse para enfrentar a los nuevos desafíos que están surgiendo, a partir del fuerte enfoque relacionado con la lucha en contra de la corrupción, cada vez más importante en la región. La presencia de un sistema robusto de controles puede ser un poderoso elemento disuasorio, así como un mecanismo de prevención y detección, de esquemas que involucren casos de fraude y corrupción.
Respecto de los canales de denuncia solo el 11% de las empresas implementaron dichos canales, siguiendo las mejores prácticas, utilizando los servicios de compañías especializadas. En esta misma línea son pocas las empresas que perciben que han logrado gestionar el cambio cultural necesario para que sus colaboradores reporten, sin excepción, hechos significativos contrarios al desarrollo ético de los negocios. Solo un 26% de los encuestados, asegura que en su organización los colaboradores siempre reportarían hechos graves,
a través de los canales de denuncia establecidos.
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